Bonos PDVSA 2020
Los Bonos PDVSA 2020 es el nombre con el que se conocen los bonos emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro el 6 de octubre de 2016 donde se ofreció el 50,1% de las acciones de la refinería Citgo como respaldo de su deuda.[1] La deuda fue emitida sin aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora para entonces.[2]
Los bonos han sido objeto de litigio por parte de acreedores que buscan cobrar cifras billonarias en deuda y puede implicar la pérdida de control de Citgo por parte de Venezuela, el activo más valioso del país en el exterior. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido licencias para proteger a la refinería de su subasta.
Historia
La empresa canadiense de minería Crystallex empezó un litigio contra Venezuela a raíz de la expropiación de sus activos durante el gobierno de Hugo Chávez.[3][4] El 6 de octubre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro ofreció el 50,1% de las acciones de la refinería Citgo como respaldo de su deuda,[1][5][6] sin aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora para entonces, en violación del artículo 150 de la constitución.[2][6] En septiembre de 2016, el economista venezolano Francisco Rodríguez publicó un informe en nombre de Torino Capital en el que concluía que la legalidad del canje de bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) no necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional.[7][8][9]
El 5 de octubre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo reiterando su rechazo por los bonos emitidos, expresando en un comunicado que "además de violar el artículo 150 de la Constitución de la República [que establece que la celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional], infringen los artículos 311 y 312 del Estatuto, ya que fueron contratos lascivos, que carecen de legalidad".[2][10] El diputado Alfonso Marquina declaró que en las "últimas dos décadas hemos visto la mayor bonanza petrolera y en medio de esa bonanza se hipotecó a Venezuela, 63 mil millones de dólares es la deuda de Pdvsa, se enriquecieron unos cuantos corruptos", y que "vendieron a precio de gallina flaca los activos de la República".[10]
La Asamblea opositora, presidida por Juan Guaidó, designó una junta ad hoc de PDVSA y un equipo legal para emprender acciones legales contra los bonos. El 29 de octubre, el equipo legal presentó una demanda de nulidad ante un tribunal de Nueva York.[2]
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido licencias para proteger a Citgo de su subasta a acreedores.[3]
El 20 de febrero de 2024, la Corte de Apelaciones de Nueva York determinó que la validez de los bonos debía evaluarse de acuerdo con la ley venezolana.[11] El 3 de julio del mismo año el Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones de Estados Unidos anuló una sentencia de 2020 que los reclamos de los bonistas eran válidos, sentenciando que la decisión previa debió haber aplicado la legislación venezolana en lugar de la legislación de Nueva York al evaluar los argumentos de los bonistas.[12]
El 17 de octubre de 2025, la Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió que los bonos eran válidos y que PDVSA debía pagar 2860 millones de dólares a los tenedores de la deuda.[5]
Véase también
Referencias
- 1 2 «Excepticismo de acreedores provoca retraso en canje de bonos de Pdvsa». Cuentas Claras Digital. 13 de octubre de 2016. Consultado el 23 de enero de 2026.
- 1 2 3 4 «Directiva ad hoc de Pdvsa buscará nulidad del bono que compromete a Citgo». Banca y Negocios. 29 de octubre de 2019. Consultado el 23 de enero de 2026.
- 1 2 «US Treasury extends license protecting Citgo from creditors to December». Reuters. 20 de junio de 2025. Consultado el 23 de enero de 2026.
- ↑ Greene, Jenna (9 de enero de 2026). «Citgo on the brink: Conflicts, creditors and control of Venezuela’s crown jewel». Reuters. Consultado el 23 de enero de 2026.
- 1 2 «Juez EEUU que declaró válidos bonos venezolanos 2020 dice PDVSA debe pagar 2.860 millones dólares a tenedores». Reuters (GBM). 17 de octubre de 2025. Consultado el 23 de enero de 2026.
- 1 2 Cohen, Luc (20 de febrero de 2024). «New York's top court leaves question of PDVSA bonds' validity open». Reuters (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2026.
- ↑ «Fondo Ashmore asegura que Francisco Rodríguez y Rafael Guzmán avalaron legalidad del bono Pdvsa 2020». Contrapunto. 3 de agosto de 2020. Archivado desde el original el 4 Augusst 2020. Consultado el 26 de octubre de 2023. «Xin Xu, representantes del fondo de inversiones Ashmore de Londres, uno de los tenedores de bonos Pdvsa 2020, aseguró ante una corte de Nueva York que el economista Francisco Rodríguez y el diputado Rafael Guzmán avalaron en 2016 la legalidad del canje al asegurar que no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional.»
- ↑ «Fondo Ashmore asegura que grupo de Primero Justicia avaló legalidad del bono PDVSA 2020». Petroguia. Consultado el 26 de octubre de 2023. «'Rodríguez emitió un informe fechado 12 de septiembre de 2016, que describe nuestro viaje y escribió que los representantes de la oposición nos aseguraron que no cuestionarían la legalidad del canje de bonos de PDVSA, ya que según la interpretación de la ley la nueva emisión de PDVSA no requería autorización de la Asamblea Nacional', menciona Xu.»
- ↑ Hernández, Alejandro (23 de octubre de 2020). «“La Corte de Nueva York asumió que podía reinterpretar a la AN como si fuera el TSJ y eso es un error jurídico evidente”». La Gran Aldea. Consultado el 20 de noviembre de 2023.
- 1 2 «Asamblea Nacional declara inconstitucional el bono PDVSA 2020». Voz de América. 15 de octubre de 2019. Consultado el 23 de enero de 2026.
- ↑ Cohen, Luc (20 de febrero de 2024). «New York's top court leaves question of PDVSA bonds' validity open». Reuters. Consultado el 23 de enero de 2026.
- ↑ «U.S. appeals court vacates ruling favoring PDVSA bondholders». Reuters. 3 de julio de 2024. Consultado el 23 de enero de 2026.
Enlaces externos
- Hernández, Alejandro (23 de octubre de 2020). «“La Corte de Nueva York asumió que podía reinterpretar a la AN como si fuera el TSJ y eso es un error jurídico evidente”». La Gran Aldea.