Carlos Mazón

El PP impulsó junto a Vox las llamadas «leyes de concordia» en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana o Extremadura, que Vox exigía como condición para otorgar los gobiernos de estas comunidades autónomas al PP, con el visto bueno de la dirección nacional, con objeto de modificar a nivel autonómico la Ley de Memoria Democrática, y, según sus promotores, «unificar» la memoria histórica y reconocer «todas las víctimas» del siglo XX, no solo las del Franquismo.^[25]

Estas han sido polémicas porque eliminan los permisos para la exhumación de fosas comunes que permiten a los ciudadanos identificar a sus familiares muertos de la guerra civil española, la señalización de lugares simbólicos, la catalogación de desaparecidos y las ayudas a proyectos de memoria democrática. No mencionan la dictadura franquista como tal, niegan que su carácter dictatorial deba condenarse y evitan nombrar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas. Además, permiten restaurar monumentos o exhibir cruces y símbolos históricos si se justifican como «concordia», limitan ayudas a asociaciones de memoria (o las eliminan), y condicionan subvenciones a particulares interpretaciones. Incluyen personas afectadas por la Segunda República española, el terrorismo de ETA o la persecución ideológica en general, equiparando implícitamente estos hechos con las víctimas del Franquismo.^[26][27][28]

Los relatores de la Organización de las Naciones Unidas han alertado con contundencia que estas leyes invisibilizan las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Franquismo, obstaculizan el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y no condenan explícitamente el régimen dictatorial, lo que incumple obligaciones internacionales sobre memoria histórica.^[29][30]

Historiadores y expertos han denunciado su falta de rigor histórico y base científica, su «falsa equiparación» entre víctimas de regímenes democráticos y autoritarios y la mezcla inapropiada entre memoria personal y memoria social, lo que diluye la responsabilidad histórica.^[31][32][33]

En la Comunidad Valenciana, la ley de concordia fue aprobada de forma definitiva en las Cortes Valencianas el 11 de julio de 2024, derogando la anterior normativa sobre memoria democrática de 2017 y redefiniendo las víctimas reconocidas.^[34] El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente varios artículos de la llamada ley de concordia valenciana, tras admitir a trámite el recurso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, alegando que la norma podría vulnerar los artículos 10 y 15 de la Constitución española al equiparar las víctimas del franquismo con las de la Segunda República y del terrorismo, reduciendo sus derechos a verdad, reparación y dignidad, y que invade competencias estatales —legislación penal, procesal, educativa y exhumaciones— así como incumple el deber de colaboración entre administraciones «por derogar sin coordinación» la ley vigente de memoria democrática.^[35]

El 29 de octubre de 2024 una DANA provocó grandes inundaciones en la provincia de Valencia que causaron 230 muertos. Se acusó al Gobierno de la Comunidad Valenciana de no haber tenido buena previsión y de haber mostrado un comportamiento lento durante la catástrofe.^{[36][37][38][39][40][41]} Las críticas se centraron en Mazón, que se mantuvo ilocalizable desde mediodía hasta el final de la tarde mientras se constituía el comité de crisis; más tarde se supo que estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana.^{[42][43] [44]}

Después de la tragedia de la DANA se produjeron varias manifestaciones multitudinarias en Valencia exigiendo la dimisión de Carlos Mazón y algunos consejeros. Los días 9^[45] y 23 de noviembre^[46] de 2024 acontecieron las manifestaciones más multitudinarias.

En este contexto, Carlos Mazón derivó toda la responsabilidad en el Ministerio de Transición Ecológica^[47][48][49] y en varios cargos de su propio gobierno, a quienes cesó días después por la polémica gestión durante la tragedia de la DANA:

• 18 de noviembre de 2024: Nuria Montes, consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, sustituida por Marián Cano García, presidenta de la organización de los empresarios del calzado.^[50]
• 20 de noviembre de 2024: Salomé Pradas Ten, consejera de Justicia e Interior, sustituida por Juan Carlos Valderrama (consejero de Emergencias e Interior) y Nuria Martínez Sanchis (consejera de Justicia).^[51]
• 3 de diciembre de 2024: Emilio Argüeso, secretario general de Emergencias.^[52]

En enero de 2025, durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por la inundación, Carlos Mazón generó una gran polémica^[53] al afirmar, sin fundamento^[54][55] que las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para la Franja de Gaza eran más cuantiosas que las destinadas al Gobierno valenciano. Esta declaración resultó ser falsa, pues el apoyo económico para Gaza ascendía a 24 millones de euros frente a los 16 000 millones de euros asignados a la Generalidad Valenciana.^[56]

La polémica se intensificó tras confirmarse discrepancias entre la versión ofrecida por Carlos Mazón sobre su presencia en el comité de crisis y la información aportada por los registros disponibles.^[57][58] La hora de llegada que Mazón había indicado no coincidía con la reflejada en las cámaras de seguridad del lugar de la reunión. Además, durante ese periodo no fue posible contactar con él,^[59] lo que se asoció a un retraso en la adopción de ciertas decisiones relevantes para alertar a la población.

Como consecuencia de esto, Mazón fue objeto de reiteradas peticiones de dimisión y movilizaciones ciudadanas,^[60] algunas de ellas coordinadas por las asociaciones de víctimas, ^[61][62] en el contexto de una gestión de la crisis que fue ampliamente cuestionada y de las discrepancias en sus explicaciones sobre su localización durante las primeras horas de la catástrofe. Estas circunstancias dieron lugar a críticas sobre la respuesta institucional y sobre el impacto que el momento de adopción de determinadas decisiones pudo tener en la evolución de los acontecimientos.^[63]

Posteriormente, trascendió que Mazón no asistió al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) debido a que estaba comiendo en un restaurante en Valencia con la periodista Maribel Vilaplana Vilaplana. Este hecho fue explicado por los propios asistentes con versiones diferentes,^[64][65] que se fueron contradiciendo y matizando a lo largo de la investigación judicial y periodística.^[66]

El 29 de octubre de 2025, al cumplirse un año de la catástrofe, se celebró un funeral de Estado por las víctimas mortales de la DANA. Carlos Mazón asistió a la ceremonia en calidad de presidente de la Generalidad. Durante el acto se produjeron protestas y expresiones de desaprobación por parte de algunos asistentes, incluidas personas afectadas por la catástrofe. ^[67]

Este incidente, sumado a las críticas previas y a los avances en la investigación judicial,^[68] provocó que el 3 de noviembre Carlos Mazón anunciara su salida del gobierno como presidente de la Generalidad Valenciana. ^[69] No obstante, mantuvo su acta de diputado y, con ella, su condición de aforado, un aspecto señalado en relación con la investigación penal sobre la gestión de la DANA.^[70] En la comparecencia pública, Mazón reconoció que, el día de los hechos, debía «haber tenido la visión política de cancelar mi agenda» refiriéndose también a la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante de Valencia.^[71] Del mismo modo, indicó que la designación de su sustituto correspondía a las Cortes Valencianas, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía.^[72][73]

Tras este anuncio, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, propuso a Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PPCV.^[74] Este fue elegido presidente por las Cortes Valencianas el 27 de noviembre de 2025 y juró su cargo el 2 de diciembre, una vez su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial del Estado.^[75]