El socio de Dios

Durante la primera fiebre del caucho, que inició en la década de 1850, los territorios amazónicos estaban habitados en su mayor parte por etnias indígenas. Algunas de las más explotadas fueron la Bora, Uitoto, Andoque y Ocaina, las cuales estaban en la frontera entre Colombia y Perú. La llegada de colonizadores a estos territorios en busca del preciado caucho y la fundación de la Peruvian Amazon Rubber Company, con la que Julio César Arana acumuló una gran fortuna, causaron un choque cultural y maltrato hacia los nativos, lo cual desembocó en torturas, prostitución forzada, pedofilia, esclavitud, masacres y mutilaciones. Para el momento en que se reportaron estas atrocidades, tres cuartos de la población nativa del Putumayo ya habían desaparecido.^[9]

Algunos de los personajes directamente relacionados con estas prácticas de sevicia y crueldad gozan de una injusta inocencia frente a la historia. Julio César Arana y sus crueles capataces, entre los cuales resalta el monstruoso Miguel Loayza, los funcionarios de las multinacionales, las autoridades locales que no defendieron a los indígenas de su exterminio.

Según cálculos del escritor Wade Davis, «por cada tonelada de caucho producida, asesinaban a diez indios y centenares quedaban marcados de por vida con los latigazos, heridas y amputaciones que se hicieron famosos en el noreste amazónico».^[10]

Julio César Arana del Águila, más conocido como Julio C. Arana (Rioja, 1864-Lima, 1952) fue un empresario cauchero y político peruano. Amasó una cuantiosa fortuna con la explotación del caucho en la región amazónica. Su empresa, la Casa Arana, se convirtió en 1907 en la Peruvian Amazon Rubber Company, con participación de capitales británicos y con sede en Londres. Al desatarse los escándalos por las denuncias de los crímenes del Putumayo, en la región fronteriza entre Perú y Colombia, fue sindicado como el responsable de la explotación y la muerte de miles de indígenas amazónicos, a los que empleaba como trabajadores esclavizados. Los resultados de una investigación realizada por el cónsul Roger Casement, a instancias del gobierno británico, motivaron que fuera procesado judicialmente, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial frustró el proceso. Posteriormente llegó a ser senador por Loreto y presidente de la Cámara de Comercio de esa región. Como senador, se opuso a la aprobación del Tratado Salomón-Lozano y auspició varias medidas a favor de Loreto.