Emilio Basavilbaso

Fue director general de Planificación Estratégica, cargo en el que realizó el Plan Anual del Gobierno 2009^[8]y 2010.^[9]Entre 2009 y 2011 fue designado Subsecretario de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos en el Ministerio de Hacienda de la Ciudad. En enero de 2010 fue nombrado Subsecretario de Modernización de la Gestión Pública.^[10]

En 2014 fue nombrado Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad.^[11]en la lista de adjudicatarios de viviendas sociales aparecieron personas vinculadas a la barrabrava de Boca Juniors, varias personas de una misma familia que recibían más de una vivienda, entre otras irregularidades. Sólo un 20 por ciento eran habitantes de La Boca. ^[12] A estas irregularidades se sumó que varios de los beneficiarios usaron el mismo domicilio, Irala 170. Entre los adjudicatarios se encontró gran cantidad de barrabravas del club Boca Juniors y familiares de funcionarios porteños.^[13][14] También se llevó a cabo la cesión de terrenos al Club Boca Juniors propiedad de Mauricio Macri^[15] Varios vecinos recibieron cuchillazos y heridas de arma blanca por parte de hombres armados afiliados al PRO.^{[16] [17][18]} A 2017 se encuentra imputado junto con el ministro de Finanzas, Luis Caputo; y otros dos exfuncionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos en una causa en la que se investigan operaciones irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. También son investigadas judicialmente las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y la constructora IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.^[19]

Durante una conferencia de prensa en noviembre de 2017, Basavilbaso afirmó que las jubilaciones argentinas «son más altas que las del resto del mundo y de la región», llegando a compararlas con el sistema jubilatorio de Finlandia.^[20] fue desmentido por el embajador argentino en Finlandia, que afirmó que las jubilaciones en ese país son poco menores que los salarios previos a la jubilación,^[21] mientras que varios periódicos hicieron notar que los prestaciones jubilatorias en Finlandia son muy superiores a las argentinas, siendo su ingreso mínimo un 123% superior al argentino.^{[22] [23]}

En 2015, Basavilbaso formó parte junto con Carolina Stanley, Esteban Bullrich, Eduardo Amadeo, Jorge Lemus, entre otros^[1]de la Fundación Pensar.^[24]

En 2015 asumió como Director Ejecutivo de ANSES.^{[24][25][26][24]}

En mayo de 2016, se aprobó la Ley de Reparación Histórica (Ley 27.260), que actualizó los haberes de los jubilados y pensionados que tenían juicios contra el Estado por falta de actualización de haberes.^[27][28][29]El 30 de diciembre de 2016 el presidente Macri, Gabriela Michetti, así como otros funcionarios del gobierno, fueron imputados por la fiscal Paloma Ochoa por la eventual comisión de los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos, estafas y defraudaciones (artículo 174 inc. 5.º del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7.º del C.P.) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265 del C.P.) en perjuicio al erario público, como partícipes de la firma del Memorándum con Catar del 6 de noviembre de 2016, creando un fondo de inversión por 1300 millones de dólares, con una "estructura offshore", para la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

El juez federal Daniel Rafecas, quien dirigió la investigación, dispuso la desestimación por inexistencia de delito de la denuncia formulada contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Susana Malcorra y una serie de funcionarios nacionales. Rafecas expresó en el fallo que la firma del memorándum no implica obligación legal, económica o financiera para Argentina, y por lo tanto no implicó ningún daño patrimonial al país, que habilitara una investigación penal. La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal. El juez Leopoldo Bruglia sostuvo que "el hecho objeto de estas actuaciones no encuadra en ninguna hipótesis penalmente relevante" resultando el Memorándum "una conducta atípica que no amerita dar curso a una investigación penal". Mientras que Jorge Ballestero agregó que el Memorándum cuestionado "no se instituye, hoy, en un acto jurídico susceptible de ser abordado desde este ámbito penal".^{[30][31][32][33]} .^{[34][35] [36][37][38][38][39]}Si se analiza el período corrido desde septiembre de 2017 (última movilidad otorgada con la fórmula anterior) a mayo de 2019, el índice de precios al consumidor aumentó un 87%, mientras que la movilidad otorgada a los haberes previsionales fue del 44%. Resultando una pérdida del 30 por ciento del poder adquisitivo.^[40]

En 2017, Basavilbaso presentó el libro Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la AUH como resultado de la investigación realizada en conjunto por la ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, UNICEF, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata (UNLP) y el CNCPS.^[41] Si se analiza el período corrido desde septiembre de 2017 (última movilidad otorgada con la fórmula anterior) a mayo de 2019, el índice de precios al consumidor aumentó un 87%, mientras que la movilidad otorgada a los haberes previsionales fue del 44%. Resultando una pérdida del 30 por ciento del poder adquisitivo.^[42] Tras la ley 1,7 millón de Pensiones No Contributivas fueron transformadas en PUA prestación básica universal cuyo monto era la mitad de una jubilación mínima, mientras que otros 0.73 millones de pensiones fueron transformadas en Pensión Universal perdiendo un cuarto de su valor.^[43]

Medido en dólares a precio constante la jubilación mínima pasó de 470 dólares mensuales antes de la aprobación de la norma a 217 dólares a diciembre de 2019, con montos de 14.068 pesos para la mínima, mientras que la Prestación Básica Universal y la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedaron fijada en montos suman más bajos con 6.640 pesos y 11.250 pesos respectivamente. Para noviembre de 2019 la jubilación mínima cubría sólo un tercio de la canasta básica de alimentos. ^[44] Si bien el objetivo de la reforma era el recorte de pensiones y jubilaciones para disminuir el gasto público diferentes normas llevaron al desfinanciamiento del Anses en parte porque sus activos (FGS) fueron utilizados en comprar bonos para sostener la cotización del dólar a través de las leliqs, el ahorro estimado en recortes de los haberes de 43.000 millones de pesos representaba al año 2019 una fracción del pago 900.000 millones de pesos en intereses que consumia a las arcas públicas el negocio de las leliqs lanzados por el ministro Sturzenneguer en 2018.^[45] El fiscal de Primera Instancia de la Seguridad Social Gabriel de Vedia informó que la denuncia que había efectuado contra Luis Caputo por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES había sido archivada. El fiscal Vedia declaró que había recibido presiones y amenazas debido a sus investigaciones.^[46] Esa denuncia era por un plan de inversiones del que se decía había un conflicto de intereses ya que la ANSES pagó comisiones por 540 000 dólares al fondo del ministro Luis Caputo^[47]

En 2018 se creó la Libreta virtual de la Asignación Universal para completar en forma digital.^{[48][49][50][51][52]}