Protestas en Bolivia de 2026
| Protestas en Bolivia de 2026 | ||||
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 Elementos de la Policía Nacional patrullando zonas de protestas en La Paz | ||||
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1 de mayo de 2026-presente (27 días) | |||
| Lugar | Bolivia | |||
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| Objetivos | Renuncia del presidente Rodrigo Paz | |||
| Estado | En curso | |||
| Partes enfrentadas | ||||
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| Figuras políticas | ||||
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| Saldo | ||||
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Las protestas en Bolivia de 2026 son una serie de movilizaciones sociales, bloqueos de carreteras y enfrentamientos que comenzaron a principios de mayo de 2026 en distintas regiones del país, con epicentro en las ciudades de La Paz y El Alto. Las movilizaciones fueron convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores sindicales y campesinos con demandas de carácter económico y sectorial, entre ellas el incremento salarial del 20 %, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720. Con el desarrollo del conflicto, las protestas incorporaron la demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.[13]
El conflicto ha provocado consecuencias humanitarias y económicas, incluyendo fallecimientos asociados a la interrupción del tránsito de servicios de emergencia, pérdidas económicas significativas, episodios de violencia en la sede de gobierno del país y declaraciones de emergencia humanitaria en regiones afectadas por el desabastecimiento. En su punto de mayor intensidad, se llegaron a registrar más de 50 puntos de bloqueo activos en siete departamentos.[14]
Antecedentes
Las elecciones generales de 2025 no dieron mayoría a ningún candidato en primera vuelta, lo que llevó a una segunda vuelta el 19 de octubre entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente Jorge Quiroga, de Libertad y República (Libre). Paz ganó con el 54,96 % de los votos,[15] siendo la primera vez en la historia de Bolivia que la presidencia cambió de manos a través de una segunda vuelta electoral, poniendo fin a dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, los primeros meses del gobierno de Paz estuvieron marcados por sucesivas crisis. El 11 de enero de 2026, el gobierno de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo para abrogar el Decreto Supremo 5503, que había provocado protestas y bloqueos de carreteras en distintas regiones del país desde comienzos de enero.[16] El acuerdo contempló la elaboración de un nuevo decreto que mantuviera disposiciones relacionadas con la política de combustibles, la reprogramación de créditos y medidas salariales, además del levantamiento de las medidas de presión impulsadas por los sectores movilizados.[16]
A principios de febrero de 2026, empezó una crisis por la venta de combustibles en mal estado,[17] que desató protestas de transportistas y terminó con la salida del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, a fines de abril.[18] Hasta principios de mayo, hubo más de 5 mil vehículos en Bolivia dañados que fueron compensados a través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) creado por la empresa estatal de hidrocarburos YPFB.[19][20]
A ello se sumó el conflicto en torno a la Ley 1720, promulgada por Paz el 8 de abril durante un acto con empresarios agroindustriales del departamento de Santa Cruz.[21] La norma, impulsada por el senador Branko Marinković,[22] aliado de Libre y empresario soyero, permitía la titulación voluntaria de pequeñas propiedades agrarias como propiedades medianas, modificando así el régimen de clasificación de la tierra establecido por la Ley INRA y consagrado en la Constitución Política del Estado. Organizaciones indígenas, campesinas y ambientalistas la rechazaron de inmediato por considerarla inconstitucional y favorable a los intereses agroindustriales.[23] El mismo día de la promulgación, estas organizaciones iniciaron una marcha desde la Amazonía boliviana con destino a La Paz.[24] El gobierno declaró inicialmente que no daría marcha atrás en la aplicación de la norma.[23]
Desarrollo
La crisis de combustibles, el conflicto agrario y las demandas salariales insatisfechas, derivaron en las protestas de mayo de 2026. El 1 de mayo de 2026, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró que llevaría a cabo un paro general indefinido desde ese día.[25] Entre sus principales demandas estaban el aumento de salarios y el apoyo a la marcha de los indígenas de la Amazonía boliviana que exigían la abrogación de la Ley 1720.[13] El 4 de mayo, centenares de indígenas amazónicos llegaron a la ciudad de La Paz tras una marcha de 28 días para exigir al gobierno de Rodrigo Paz la anulación de dicha norma.[26]
El 12 de mayo, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales iniciaron en el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, una caminata denominada «marcha por la vida», con destino previsto a La Paz.[27] La movilización incorporó a participantes del Chapare y de la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, que exigió soluciones a la crisis económica y al abastecimiento de combustible. Ese mismo día se registraron disturbios y enfrentamientos en el sector de Río Seco del municipio de El Alto, durante las movilizaciones y bloqueos en las rutas hacia Laja y Copacabana.[28] Según reportes locales, se produjeron intervenciones policiales con uso de agentes químicos, así como daños a vehículos y el cierre forzado de comercios por parte de grupos movilizados.[28]
La madrugada del 13 de mayo, la Policía Boliviana ejecutó un operativo para desbloquear la Ruta 3 entre La Paz y Coroico y restablecer la circulación vehicular en el sector de los Yungas.[29] Según el reporte policial, las personas que mantenían los bloqueos se retiraron paulatinamente ante la presencia de los efectivos, sin registrarse enfrentamientos, tras lo cual se procedió al retiro de piedras, árboles y tierra que obstruían la vía.[29] Ese mismo día, Paz abrogó la Ley 1720,[30] pero la medida no logró frenar las protestas.[13]
El 14 de mayo, tras un diálogo con el Gobierno que se extendió por más de 12 horas, la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí anunció su respaldo al Ejecutivo y acordó desmovilizarse, en el marco de un entendimiento sobre demandas sectoriales.[31] Asimismo, el sector no descartó participar en acciones de desbloqueo de vías, en rechazo a las movilizaciones convocadas por la COB y otros sectores sociales. Ese mismo día, movilizados del magisterio rural causaron daños en el edificio del Ministerio de Educación, en La Paz, durante una protesta en el centro de la ciudad, que incluyó la caída parcial de un muro, la rotura de vidrios y otros destrozos materiales.[32] También en la misma jornada se registraron bloqueos en la carretera entre Santa Cruz de la Sierra y San Julián, que provocaron la interrupción parcial del servicio de transporte intermunicipal desde Santa Cruz.[33]
El 15 de mayo, la Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió un recurso de Acción Popular presentado por el exdiputado Amílkar Barral en contra del dirigente de la COB, Mario Argollo, del senador Nilton Condori, y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, debido a los bloqueos registrados en el país, y fijó audiencia virtual para analizar la solicitud de levantamiento de las medidas de presión.[34]
El 16 de mayo, policías y militares ejecutaron operativos de desbloqueo en distintas rutas de acceso a La Paz y El Alto, incluidos los sectores de Río Seco, Huajchilla y Lipari, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.[35] Durante los operativos se reportó que grupos movilizados saquearon instalaciones del Polideportivo Héroes de Octubre, en El Alto.[36] Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó que las intervenciones dejaron 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas.[35] Ese mismo día, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció la toma del aeropuerto de Chimoré, en el centro del país, por grupos afines a Evo Morales, quienes instalaron una vigilia e impidieron operaciones aéreas mediante la colocación de ramas y piedras sobre la pista.[37] Organizaciones de las Seis Federaciones del Trópico (provincia del Chapare) justificaron la ocupación ante versiones sobre un supuesto operativo destinado a aprehender a Morales.[37]
El 18 de mayo, sectores movilizados, entre ellos grupos afines a Evo Morales, campesinos, Ponchos Rojos, gremiales y mineros, marcharon hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente Paz, registrándose enfrentamientos con la Policía Boliviana y daños a infraestructuras estatales.[38] Durante la jornada, las fuerzas del orden aprehendieron a más de 100 personas en distintos puntos de la ciudad.
El 19 de mayo, sindicatos de comerciantes, transportistas, productores locales y juntas vecinales participaron en una marcha en Cochabamba convocada por el Comité Multisectorial de esa región, que exigió el levantamiento de los bloqueos de carreteras que afectaban al departamento de La Paz.[39] Ese mismo día, en la segunda noche consecutiva de movilizaciones, centenares de personas autoconvocadas mediante redes sociales y vinculadas a plataformas ciudadanas conocidas como «pititas» marcharon por el centro de La Paz para exigir el levantamiento de los bloqueos y la restitución del orden en el país.[40]
El 21 de mayo, sectores ciudadanos y cívicos realizaron movilizaciones en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Trinidad en rechazo a los bloqueos y en demanda de la pacificación del país.[41]
El 23 de mayo, grupos movilizados atacaron una caravana integrada por policías, militares y civiles que intentaba habilitar un corredor humanitario entre Oruro y La Paz para el ingreso de alimentos, combustibles y medicamentos.[42] Durante los enfrentamientos se registraron ataques con piedras, explosivos artesanales y otros objetos, además del saqueo e incendio de instalaciones públicas y vehículos estatales en sectores como Copata, Achica Arriba y Vilaque.[42] Ese día, la Policía Boliviana denunció el secuestro y agresión de un efectivo policial en El Alto durante los operativos y disturbios registrados.[42]
El 24 de mayo, el Senado aprobó en la ciudad de Sucre un proyecto de ley para abrogar la Ley 1341 de Estados de Excepción y remitió la norma a la Cámara de Diputados para su revisión.[43]
Al día siguiente, pobladores de la región cocalera del Chapare cercaron las instalaciones de la Novena División del Ejército en Villa Tunari, donde exigieron ingresar para realizar una “inspección” ante sospechas de un presunto operativo contra Evo Morales.[44] Esa misma jornada, un grupo de mineros intentó tomar el puente de Parotani, en la provincia de Quillacollo, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía y la aprehensión de tres manifestantes tras un operativo de dispersión realizado por fuerzas policiales y militares.[45] También el 25 de mayo, el gobernador del departamento del Beni, Jesús Egüez Rivero, declaró emergencia humanitaria departamental debido al desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles ocasionado por los bloqueos de carreteras que mantenían aislada a la región.[46]
El 26 de mayo, el presidente Paz promulgó la Ley 1732, que abrogó oficialmente la Ley 1341 de Estados de Excepción, pocas horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados.[47]
Saldo de enfrentamientos y paralización de actividades
Fallecidos y heridos
El 13 de mayo, el Gobierno de Bolivia informó sobre el fallecimiento de una turista de Belice en la localidad fronteriza de Desaguadero, debido a la falta de atención médica oportuna.[13] Ese mismo día, la ministra de Salud y Deportes comunicó el fallecimiento de otra mujer en el municipio de Guanay, en la provincia de Larecaja, luego de que los bloqueos de rutas impidieran el traslado del vehículo en el que era transportada hacia un centro médico.[48] Al día siguiente, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto reportó la muerte de una joven de 20 años en esa ciudad, atribuida al retraso de tres horas de una ambulancia que debía trasladarla a un nosocomio mientras sufría convulsiones.[49] Tras estos hechos, autoridades sanitarias y organizaciones de derechos humanos solicitaron el establecimiento de corredores humanitarios y el libre tránsito de ambulancias, oxígeno y medicamentos durante los bloqueos.[49] El 21 de mayo, el Ministerio de Salud informó el fallecimiento de un niño de 12 años que era trasladado de emergencia desde el Hospital Madre Obrera de Llallagua hacia la ciudad de Potosí, convirtiéndose en la cuarta víctima mortal asociada a las dificultades de acceso médico ocasionadas por los bloqueos.[50] El 23 de mayo, la Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación por la muerte de un joven de 24 años, quien falleció por impacto de proyectil de arma de fuego durante los enfrentamientos registrados en Vilaque durante el operativo para habilitar un corredor humanitario entre La Paz y Oruro.[51]
En cuanto a los enfrentamientos, el 14 de mayo, durante una movilización del magisterio rural en el centro de La Paz, se registraron al menos dos policías heridos por el impacto de objetos lanzados durante los incidentes.[32] En los operativos de desbloqueo del 16 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó una persona herida con trauma ocular y facial leve, además de denuncias de agresiones contra periodistas.[35]
Daños económicos
En cuanto a los efectos económicos, distintos sectores productivos y de servicios reportaron pérdidas significativas debido a las interrupciones en el transporte y el abastecimiento. Reportes de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz indicaban que, hasta mediados de mayo, alrededor de 5000 camiones de alto tonelaje permanecían varados en las carreteras debido a los bloqueos, transportando combustible, animales vivos y productos de exportación como la soya.[52] El sector estimó pérdidas diarias superiores a los 720.000 dólares estadounidenses.[52] Por su parte, la ministra de Turismo informó que la actividad turística registraba pérdidas diarias de entre 35 y 40 millones de bolivianos, además de afectar negativamente la imagen internacional del país y la confianza en el exterior.[53]
Mientras tanto, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) estimó pérdidas diarias de aproximadamente 1,5 millones USD debido a las dificultades para trasladar ganado y carne hacia distintos departamentos del país a causa de los bloqueos.[54] La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estimó que el sector industrial registra pérdidas diarias de aproximadamente 12 millones USD debido a los bloqueos.[55] Asimismo, la entidad advirtió que las restricciones de transitabilidad han provocado la paralización parcial de importaciones y exportaciones, afectando el comercio exterior del país.[55]
La Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (ABAVYT) reportó que al 14 de mayo existían entre 30 y 60 puntos de bloqueo en diferentes regiones del país, situación que ocasionó la suspensión de viajes, cancelación de reservas y recorridos turísticos, así como perjuicios económicos para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, agencias de viaje, guías y pequeños emprendimientos.[56] Además, Vías Bolivia reportó que entre el 24 de abril y el 13 de mayo las movilizaciones y bloqueos en distintas rutas del país ocasionaron perjuicios por 4,5 millones de bolivianos debido a la reducción en la recaudación de peajes.[57]
El 18 de mayo, sectores movilizados causaron daños en la estación Armentia de la Línea Naranja del teleférico de La Paz-El Alto, donde se registró la rotura de vidrios durante las protestas.[58]
Asimismo, se registró un incremento en los precios de alimentos básicos en La Paz, en particular de carne de pollo, huevos y carne de cerdo, asociado a las dificultades de abastecimiento derivadas de los bloqueos.[59] Esto llevó al Gobierno a disponer el envío aéreo de 10.000 kilos de pollo desde Santa Cruz de la Sierra para garantizar el suministro en la sede de gobierno.[59]
En cuanto a los servicio básicos, el Servicio Departamental de Salud de La Paz declaró en estado de emergencia a los hospitales del departamento debido al desabastecimiento de oxígeno, medicamentos, alimentos y combustibles ocasionado por los bloqueos, advirtiendo que varios centros contaban con reservas de oxígeno únicamente para un plazo estimado de tres días.[60]
Reacciones
Nacional
El presidente boliviano Rodrigo Paz convocó una reunión de emergencia de su gabinete con varios de sus ministros para debatir las demandas de los manifestantes. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, dijo que el gobierno estaba «abierto al diálogo» con los manifestantes.[61] El expresidente Evo Morales, fue acusado por parte del gobierno y políticos de fomentar e incentivar las protestas.[62]
La Central Obrera Boliviana, del que muchos de los mineros son miembros, declaró que las protestas mayores continuarían si no se cumplían sus demandas al gobierno.[63] El vicepresidente Edmand Lara ha exigido a Paz a que abra diálogo y exige que cumpla con las exigencias de los manifestantes.[64]
En respuesta a las protestas, el 20 de mayo Paz anunció un cambio de gabinete, cambiando a Edgar Morales Mamani, quien había renunciado un día antes, por Williams Bascopé. Además ese mismo día anuncio la creación del Consejo Económico y Social (CES) con el propósito de entablar mesas de diálogo con los manifestantes.[65][66]
El 25 de mayo, la Conferencia Episcopal Boliviana exhortó a las partes en conflicto y al Gobierno a retomar el diálogo con responsabilidad ante la crisis, advirtiendo sobre el creciente sufrimiento de la población debido al desabastecimiento, las pérdidas económicas y la afectación a los servicios básicos.[67]
Internacional
La embajada de Estados Unidos en Bolivia advirtió contra los viajes por carretera entre ciudades del país.[68] El gobierno estadounidense también habló en defensa del gobierno de Rodrigo Paz, diciendo que «apoyaba los esfuerzos de [Rodrigo] Paz para restaurar el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano».[69] El presidente de Colombia, Gustavo Petro defendió las manifestaciones señalando como una insurrección popular a causa de una «soberbia geopolítica».[70] Posteriormente, el ministerio de Relaciones Exteriores boliviano confirmó que la embajadora colombiana Elizabeth García fue declarada «persona non grata (…) por la insistentes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto en Bolivia», lo que derivo en su expulsión del país.[71] El 20 de mayo, el Gobierno de Colombia dio por concluidas las funciones del encargado de negocios de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad a la expulsión de la embajadora colombiana por parte del Gobierno boliviano.[72]
El presidente argentino Javier Milei expresó su apoyo al presidente Paz. Argentina envió posteriormente dos aviones Lockheed C-130 Hercules que transportaban ayuda humanitaria para reforzar el apoyo al gobierno de Paz.[73] En respuesta, el presidente Paz agradeció a Milei, mientras que Evo Morales denunció las acciones de Argentina, diciendo que los aviones se usaban para transportar personal militar entre ciudades dentro de Bolivia, añadiendo que Milei había proporcionado al gobierno boliviano equipo militar para usar contra manifestantes.[74]
Otras expresiones de apoyo al gobierno de Paz provienen del presidente chileno José Antonio Kast,[75] la presidenta costarricense Laura Fernández Delgado,[76] el presidente hondureño Nasry Asfura, el presidente panameño José Raúl Mulino,[77] y los gobiernos de Ecuador, Paraguay y Perú.[78] El ministro de Asuntos Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, agradeció a los gobiernos de Argentina, Chile y Ecuador por proporcionar ayuda humanitaria a Bolivia y sus fuerzas de seguridad, rechazando las declaraciones de los medios sobre el apoyo militar de estos países.[79]
El gobierno peruano de José María Balcázar, envió cuatro toneladas de ayuda humanitaria mediante la Fuerza Aérea del Perú, así como trasladar vía aérea a los bolivianos varados en el departamento de Puno, en la frontera común con Bolivia, como consecuencia del bloqueo. Además, el Estado peruano evacuó a peruanos aislados en las principales ciudades sitiadas, el gobierno de Paz agradeció este accionar diplomático, mientras que la presidencia de Balcázar evitó comentario alguno sobre el conflicto social boliviano.[80][81][82]
El 19 de mayo, la Unión Europea y sus Estados miembros en Bolivia, incluidas las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia, emitieron un comunicado en el que condenaron los hechos de violencia registrados durante las protestas y llamaron al respeto del orden constitucional y la democracia.[83] Además, exhortaron a que las movilizaciones se desarrollen de forma pacífica, en el marco del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.[83] Al día siguiente, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) analizó la situación política y humanitaria de Bolivia en una sesión realizada en Washington D. C., en la que varios representantes expresaron preocupación por los efectos de los bloqueos sobre el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.[84] Durante la reunión, distintos países y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestaron su respaldo al gobierno de Paz, condenaron los hechos de violencia y exhortaron a resolver el conflicto mediante el diálogo y el respeto al orden democrático y los derechos humanos.[84]
El 25 de mayo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras conversar con el presidente Paz, y llamó a preservar el respeto al Estado de derecho, evitar la violencia y privilegiar el diálogo para superar la crisis.[85]
Véase también
Referencias
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