Segundo intento de desafuero contra Rodrigo Chaves

La prohibición de la beligerancia política en Costa Rica se refiere a las restricciones impuestas a los funcionarios y empleados públicos para participar en actividades político-partidistas, con el fin de garantizar la neutralidad del Estado, la imparcialidad en los procesos electorales y evitar el uso de recursos públicos para fines electorales. Esta norma busca preservar la equidad en las contiendas políticas, asegurando que el poder público no interfiera en favor de un partido o candidato.

La beligerancia política no se considera un delito penal, sino una conducta ilícita o falta electoral de raigambre constitucional, regulada en el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, en correlación con el artículo 95, inciso 3. El legislador ordinario ha desarrollado estas normas en el Código Electoral (Ley N° 8765 del 19 de agosto de 2009 y sus reformas), particularmente en los artículos 146 (que detalla las conductas prohibidas), 265 a 270 (relativos a la cancelación o anulación de credenciales y el procedimiento para denuncias por parcialidad o beligerancia). Estas disposiciones establecen un procedimiento sancionatorio ante la Jurisdicción Contencioso-Electoral, culminando en sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período no menor de dos años, sin perjuicio de responsabilidades penales si aplican. La interpretación de estas normas es restrictiva, a favor de las libertades públicas (principios pro homine y pro libertate), requiriendo que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, basada en acciones concretas que afecten la convivencia social, no en intenciones o suposiciones.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene competencia exclusiva y excluyente para velar por la garantía de imparcialidad, según los artículos 95 inciso 3 y 102 incisos 3, 5 y 10 de la Constitución Política. Esto incluye interpretar en forma obligatoria las disposiciones electorales, investigar denuncias por beligerancia y, en casos de altos funcionarios con inmunidad (como miembros de los supremos poderes), remitir el expediente a la Asamblea Legislativa para el levantamiento de fuero, conforme al artículo 270 del Código Electoral y en relación con el artículo 121 incisos 9 y 10, y el artículo 150 de la Constitución (que regula la responsabilidad del Presidente por hechos no delictivos). El TSE ha resuelto que, para la pérdida de credenciales de funcionarios electos popularmente en los supremos poderes, debe seguirse previamente el procedimiento de desafuero en la Asamblea, aplicando por analogía las protecciones constitucionales para delitos, ya que la sanción (pérdida de credencial) es grave, aunque menor que un delito penal.

Esta interpretación ha sido respaldada por la Sala Constitucional en resoluciones como la 2023-23861, que reconoce la emisión de reglamentos por el TSE (como el Reglamento de la Sección Especializada para asuntos contencioso-electorales sancionatorios) como derivación de sus competencias exclusivas. Asimismo, el TSE, en su resolución 38-96 del 10 de enero de 1996, estableció que la inmunidad y el procedimiento de desafuero se aplican por analogía a casos de beligerancia, para respetar principios constitucionales, permitiendo al TSE solicitar el levantamiento de fuero para investigar y resolver sobre la pérdida de credenciales.

El espíritu del constituyente originario, como expresó el diputado Baudrit Solera durante los debates constitucionales, buscaba dotar al TSE de competencias jurídicas para sancionar la beligerancia sin sesgos, como un poder controlador electoral con sanciones disciplinarias independientes de las penales, para evitar la participación indebida de autoridades en procesos electorales.

El 21 de octubre de 2025, la vicepresidenta y presidenta interina de la Asamblea Legislativa, Vanessa de Paul Castro, emitió una resolución que estableció el procedimiento para tramitar la denuncia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política, en el marco de una solicitud de levantamiento de inmunidad.^[5]

La resolución se basó en los artículos 9, 99, 102 y 103 de la Constitución Política, el Código Electoral (Ley N.º 8765) y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, reconociendo la competencia exclusiva del TSE en materia electoral y la función de control político de la Asamblea.^[5]

Según la resolución, el proceso inicia con la lectura de la denuncia en el Plenario, seguido de la formación de una comisión especial de tres diputados, encargada de evaluar la procedencia del levantamiento de inmunidad en un plazo de hasta 20 días, prorrogable una vez.^[5]

Castro dispuso que el expediente de la denuncia fuera de acceso restringido a las partes, sus representantes legales y los diputados, y que fuera entregado a la comisión en sobre cerrado. Las sesiones de la comisión, sin embargo, serán públicas, salvo que dos de sus tres miembros acuerden sesionar en privado por razones de interés general. La vicepresidenta dispuso que Chaves podía presentar pruebas, asistir a las sesiones con asistencia legal y exponer argumentos.^[5]

La comisión deberá entregar un informe público al Plenario, que deberá votarlo en la misma sesión en que se discuta, requiriendo dos tercios de los votos para aprobar el levantamiento de inmunidad. Si Chaves asiste, dispondrá de 30 minutos para exponer su defensa antes de la deliberación legislativa.^[5]

La resolución de Castro fue apelada por el oficialismo, argumentando que el TSE se estaba excediendo en sus competencias constitucionales y que no tenía la facultad de destituir al presidente de la república, sin embargo, sometida a votación la apelación la misma quedó rechazada con 27 votos en contra y 16 a favor, siendo el primer indicador de cómo quedaría una eventual votación del levantamiento de la inmunidad de Chaves.^[6]

La audiencia de Chaves ante la comisión especial se llevó a cabo el 14 de noviembre. La sesión inició con controversia respecto a los tiempos de intervención del mandatario y su abogado, pues a diferencia del primer intento de desafuero, la presidenta de la comisión determinó que Chaves dispondría de 50 minutos para su exposición personal, mientras que su abogado defensor, José Miguel Villalobos (candidato a diputado por el oficialismo y allegado al mandatario), solo tendría 10 minutos para la parte jurídica.^[7] Esta asignación generó protestas inmediatas del presidente y diputados oficialistas, quienes argumentaron que limitaba el derecho a la defensa y contrastaba con la audiencia previa de septiembre, donde no se impusieron restricciones similares al abogado.^[8]

Durante su intervención, Chaves calificó la solicitud del TSE como un «circo» y una «ópera bufa», denunció una persecución política y afirmó: «No vengo a defender mi inmunidad, vengo a defender la verdad». El abogado, por su parte, utilizó sus 10 minutos para desacreditar las denuncias, argumentando que solo partidos políticos (no ciudadanos individuales) tienen legitimidad para acusar beligerancia según la ley electoral.^[9]

Una vez concluida la exposición de Villalobos, Chaves agradeció a los diputados de manera abrupta y anunció: «Les agradezco el tiempo, nosotros nos retiramos». Tanto él como su abogado abandonaron la sesión sin responder las preguntas preparadas por los miembros de la comisión.^[10] Larios leyó públicamente las consultas pendientes, mientras que la diputada Rocío Alfaro) lamentó la actitud del presidente, calificándola de falta de altura moral. El diputado oficialista Daniel Vargas también se retiró de la comisión por el resto de la sesión.^[11]

Tras la salida intempestiva, Chaves fue recibido por simpatizantes afuera del Congreso, donde arengó con gritos de «¡Llegó papá!» y cantó consignas de apoyo.