Causa de los cuadernos

Causa de los cuadernos
Tribunal Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 11
Caso CFP 9608/2018
Nombre completo Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita
Fecha 6 de diciembre de 2018
Delitos Asociación ilícita

La Causa de los cuadernos se refiere a la causa judicial argentina caratulada «Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita»[1] iniciada en el fuero penal federal a cargo de Claudio Bonadio en los primeros meses de 2018 a partir de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno,[2] el exchofer de un funcionario público, relativos a presuntos pagos de sobornos, cuyas digitalizaciones habían sido entregadas al Juzgado por el periodista Diego Cabot del diario La Nación.[3][4][5]

La causa tomó estado público el 1.º de agosto, meses después de comenzada, con una serie de allanamientos, detenciones y citaciones a declaración indagatoria dispuestos respecto de exfuncionarios públicos y empresarios contratistas del Estado. El juez fue tomando declaración a los imputados, algunos de los cuales obtuvieron el estatus de imputado arrepentido. Centeno declaró ante la Justicia que él fue quien escribió los cuadernos.[6] También presentó videos de cuando iba a la Quinta de Olivos a entregar los bolsos llevando a Baratta a verlo a Kirchner paras que le diera las instrucciones, la cantidad y los números y los lugares para recaudar.[7][8]

El 17 de septiembre de 2018 el juez dictó el auto de mérito resolviendo diversos procesamientos, embargos y declaraciones de falta de mérito, que fue confirmada con algunas modificaciones el 20 de diciembre del mismo año por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal.

Durante la investigación, tanto los fiscales como los jueces recibieron acoso, amenazas y sufrieron atentados. Además de las amenazas de muerte contra el juez que investigaba la causa, Claudio Bonadio, en noviembre de 2018, en momentos en que estaba investigando la causa de los cuadernos, una bomba casera pero sofisticada fue arrojada en el patio delantero de la casa del juez.[9][10] Además, otra bomba de fabricación casera fue encontrada por la noche en el partido  de Tres de Febrero con amenazas de muerte al juez.[11] La secretaria privada del juez también recibió cartas con amenazas de muerte contra su jefe.[12] También amenazaron a miembros de la familia del juez.[13] Las amenazas contra su familia  también aparecieron en varios sitios webs y llegaron vía correo electrónico.[14] El juez denunció judicialmente el acoso del que era objeto por parte de grupos militantes del kirchnerismo.[15]

El fiscal Carlos Stornelli también recibió acoso y muchas amenazas por investigar este caso.[16] Stornelli aseguró haber recibido un acoso constante a su familia por investigar y aseguró que nunca había tenido tantas presiones como las que vivieron su familia y él con la causa de los cuadernos.[17][18] En una oportunidad sus hijos recibieron amenazas telefónicas por una bomba. La Brigada Antiexplosivos acudió al lugar y detectó el artefacto que simulaba ser una bomba.[19][20] Stornelli aseguró que su familia tenía mucho miedo porque vivían amenazados y sufrieron persecuciones y que le hicieron "operaciones" para que desistiera de investigar.[21]

En enero de 2019 se conoció otra denuncia en la que se acusaba al falso abogado Marcelo D'Alessio, quien afirmaba intervenir en nombre del fiscal de la causa de los cuadernos Carlos Stornelli, extorsionando a varios empresarios a los que requería la entrega de dinero (coimas) para que no se los detuviera durante la misma; D'Alessio prestó declaración y fue detenido y procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, en tanto que Stornelli fue imputado por la extorsión, "operaciones de inteligencia y espionaje ilegales" por el mismo juez, pero se negó a comparecer a las citaciones que se le hicieron para que declare. Además, D'Alessio y un grupo de fiscales y comisarios bonaerenses fueron denunciados y procesados por intento de extorsión al empresario rural Pedro Etchebest y al empresario aduanero Gabriel Traficante, D'Alessio fue condenado 4 años de prisión por este crimen en 2021, al igual que el resto de los procesados, que recibieron penas de cárcel.[22]

En septiembre de 2019, el juez Bonadio dio por comprobados los dichos de 31 empresarios arrepentidos por el pago de supuestos sobornos de empresarios a funcionarios kirchneristas.[23]

En febrero de 2024 se dio a conocer a las partes de la causa un Acta Notarial, entregada al Juzgado Federal número 7 el 3 de marzo de 2023 sin que se hiciera pública en ese momento, en donde se manifiesta la supuesta coerción con la que se presionó a los imputados (en este caso Mario Rovella) para que declararan coimas o irregularidades, por más que no hubieran existido. Luego otros dos imputados, Carlos Wagner y Roggio, presentaron escritos semejantes.[24]

En 2025, aparecieron los cuadernos originales y varios de los imputados ofrecieron dinero y bienes materiales para evitar el juicio,[25][26] y el tribunal incorporó como prueba el peritaje del análisis pericial se llevó a cabo sobre los cuadernos originales, que confirmaba que Centeno efectivamente era el autor de esos manuscritos.[27][28][29] Tanto los cuadernos manuscritos originales como las copias digitalizadas permanecen guardados en la caja fuerte del tribunal.[30][31] El tribunal aceptó como prueba las confesiones de empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista, entre ellos 25 "arrepentidos" quienes aceptaron ante la Justicia haber pagado y cobrado coimas.[32][33]

El juicio es público y se transmite en vivo a través de la plataforma de Youtube.[34][35]

Durante el juicio, Claudio Uberti confesó que veía los bolsos con dinero en casa del matrimonio Kirchner en Recoleta, Buenos Aires, y que Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner, le había contado que los bolsos viajaban a la casa del matrimonio Kirchner en Río Gallegos.[36] Muñoz era a quien Baratta le llevaba los bolsos con dinero, y se los entregaba en el departamento de la Recoleta y en la residencia presidencial de Olivos y el encargado de trasladarlos al aeropuerto para que viajaran a la residencia de los exmandatarios en Santa Cruz.[37] Muñoz poseía en Argentina propiedades por valor de más de 100 millones de dólares y en MIami, Nueva York y el Caribe por más de 79 millones de dólares.[38] Ernesto Clarens confesó haber sido el intermediario al llevar el dinero de los empresarios a Muñoz. según le indicaba López. El dinero era transportado en aviones oficiales que iban al aeropuerto de Río Gallegos o a El Calafate.[39] El contador de los Kirchner, Manzanares, contó que Daniel Muñoz viajaba cada viernes a Río Gallegos con valijas cargadas de dinero proveniente del cobro de sobornos y le dejaba a él una parte para blanquearlo a través de sociedades fantasmas y compra de propiedades.[40]

En noviembre de 2025 el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó al expolicía (y amigo del chofer Oscar Centeno) acusado de manipular falsamente los cuadernos para desviar la investigación, Jorge Bacigalupo, por los delitos de “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal en concurso ideal con el delito de falsificación de documento público”.[41] En concreto se imputa a Bacigalupo de haber alterado los cuadernos con tachaduras, enmiendas, líquido corrector y escribir encima; por ejemplo, el nombre y la dirección del empresario Armando Loson, para que lo involucren en la causa Cuadernos.[42]

Contexto

La causa principal, en la cual se investigaron sobreprecios en la compras de Gas Natural Licuado, fue iniciada en 2017 en el mismo juzgado. Página 12 afirmó que el juez se basó en una pericia supuestamente falsa –que comparó el precio pagado con uno "que de ninguna manera debió utilizarse", se basó en una tesis realizada por dos estudiantes chilenos, plagió fuentes y cometió todo tipo de error–,[43] por la cual se le quitaron los fueros a Julio De Vido y se lo encarceló junto también a Roberto Baratta,[44] subsecretario del Ministerio de Planificación.[45] A principios de 2018, cuando el perito fue imputado por «falso testimonio agravado» y refutada la pericia, se presentaron al juzgado las fotocopias de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.[46] A su vez, en La Nación, se publicaron los circuitos y el mecanismo que, de acuerdo al texto de los cuadernos, habría sido usado por Roberto Baratta para recaudar los fondos que le habrían entregado los empresarios que habían adjudicatarios de obras públicas de montos importantes. El 31 de julio de 2023, un peritaje caligráfico confirmó que el amigo de Oscar Centeno manipuló los anotadores.[47]

Comienzo de la causa

El diario La Nación afirmó que los cuadernos habían llegado a su poder en enero de 2018, a través de la exmujer del exchofer, y que después de una investigación conducida por el periodista Diego Cabot fueron entregados al Poder Judicial.[48][49][50][51] Dicho periodista recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por el trabajo "Los cuadernos de las coimas", publicado en el diario La Nación el 1 de agosto de 2018.[52][53][54] El fiscal Stornelli, a quien le fueron entregadas las fotocopias, decidió formar actuaciones complementarias a la causa del gas natural y entregárselas al juez Bonadío. Esto ha sido criticado por tratarse de un caso de forum shopping.[55]

Varias de las defensas afirmaron que, tras ser entregadas en el juzgado de Bonadío las copias de los cuadernos, debió haberse sorteado qué juzgado intervendría. Argumentan que la investigación se realiza en el marco de una causa sobre compras de Gas Natural Licuado y que los hechos a que se referirían los cuadernos son distintos de la de aquélla, al punto que «de los 14 proveedores involucrados en la causa de Gas Natural Licuado (que tramitaba en el juzgado de Bonadio), ninguno aparece mencionado en los cuadernos».[56]

El 1 de agosto de 2018 a través de sus portales en Internet, el diario La Nación dio las primeras informaciones públicas sobre esta causa judicial que tramitaba desde meses atrás, dando cuenta que entre la noche del día anterior y la madrugada de ese día se habían realizado allanamientos y detenciones por orden del juez federal Claudio Bonadio. Las imputaciones fueron como integrantes de una asociación ilícita. Los medios de prensa mencionaban bolsos de dinero que figurarían en tales anotaciones y la probabilidad de que Centeno se acogiera a la figura de imputado arrepentido, que atenuara una eventual pena a cambio de su colaboración con aporte e información útil.[57] Centeno declaró antes la Justicia que él fue quien escribió los cuadernos.[6] También presentó videos de cuando iba a la Quinta de Olivos a entregar los bolsos llevando a Baratta a verlo a Kirchner paras que le diera las instrucciones, la cantidad y los números y los lugares para recaudar.[7]

Como consecuencia de la orden inicial quedaron detenidos los funcionarios o empleados públicos: Roberto Baratta, Oscar Centeno, Walter Fagyas, Hugo Martín Larraburo, Enrique Llorens y Néstor Lazarte y los empresarios Javier Sánchez Caballero, Gerardo Ferreyra, Claudio Javier Glazman, Jorge Guillermo Neira, Armando Roberto Loson y Carlos Mundín. Quedaron pendientes con pedido de captura, entre otros, los empresarios Carlos Wagner, Francisco Valenti y Juan Goicochea, y los exfuncionarios Hernán Gómez, Oscar Thomas y Fabían García Ramón. En un informe publicado por la agencia del Poder Judicial y recogido por la prensa, el Juzgado a cargo de la causa dijo que al 24 de agosto de 2018 se habían realizado 70 allanamientos en diversos lugares del país en oficinas de empresas nacionales e internacionales y en domicilios de exfuncionarios públicos, se habían secuestrado no menos de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos, un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses, doscientos treinta y cinco mil euros además de otros importes en monedas de países vecinos. También se secuestraron más de doscientos cincuenta obras pictóricas con un valor aproximado de cuarenta y un millones quinientos mil pesos, nueve armas de fuego, una gran cantidad de rodados y otros efectos.[58][59][60]

Se dio a conocer, asimismo, que el juez había citado a prestar declaración indagatoria –sin orden de detención- al exjuez Norberto Oyarbide y a los exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli y Juan Manuel Abal Medina.[57]

Entre las personas imputadas, hay 17 que se acogieron al régimen de imputados arrepentidos, 15 de ellos fueron aceptados con acuerdo homologado, con el beneficio de obtener una reducción de la pena que les corresponda, a cambio de brindar información o datos precisos, comprobables y verosímiles que contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación del delito; a esclarecer el hecho y a revelar la identidad o paradero de autores, instigadores o partícipes, a condición de que sean suficientes para que permitan un avance significativo de la investigación, y que permita recuperar los bienes o ganancias del delito, o conocer cómo se financian las organizaciones criminales.[61][62] Según esta norma, el Tribunal no podrá fundamentar una condena únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido, sino que al hacerla valer el juez deberá indicar de manera precisa y fundada su correlación con las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones.[61][62] A pesar de que la ley marca que las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior, en la causa se omitió registrar por medios audiovisuales las declaraciones de los presuntos arrepentidos.[55] Distintos medios afirmaron que el fiscal Stornelli afirmó que "no habrá sortijas para todos", refiriéndose a la posibilidad de ser incluidos como arrepentidos. Varias de las defensas marcan que esto refleja el apriete y extorsiones realizadas a los acusados.[55][63][64][65]

El 7 de febrero de 2019 Bonadio dispuso nuevos procesamientos, esta vez referidos a quienes consideró vinculados a la evasión del país de importes que provendrían de sobornos, con los cuales se compraron en Estados Unidos propiedades con un valor estimado en 70 millones de dólares. Se trata de Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, su primo Carlos Gellert, Juan Carlos Campillo, exministro en la provincia de Santa Cruz y Víctor Manzanares, ex contador de Cristina Kirchner. En sus declaraciones afirmó que el dinero proveniente de los sobornos era trasladado en bolsos, principalmente en el avión presidencial Tango 01, hasta domicilios en Río Gallegos y después lavado en el exterior mediante 15 empresas que se constituyeron para la compraventa de 16 inmuebles en Estados Unidos; también se usó un emprendimiento inmobiliario en las Islas Turcas y Caicos y el contador Manzanares estimó en US$ 53.174.700 el importe de los desembolsos de las operaciones.[66][67]

Acoso durante la investigación

Durante la investigación, tanto los fiscales como los jueces recibieron acoso, amenazas y sufrieron atentados. Además de las amenazas de muerte contra el juez que investigaba la causa, Claudio Bonadio, en noviembre de 2018, en momentos en que estaba investigando la causa de los cuadernos, una bomba casera pero sofisticada fue arrojada en el patio delantero de la casa del juez.[9][10] Además, otra bomba de fabricación casera fue encontrada por la noche en el partido  de Tres de Febrero con amenazas de muerte al juez.[11] La secretaria privada del juez también recibió cartas con amenazas de muerte contra su jefe.[12] También amenazaron a miembros de la familia del juez.[13] Las amenazas contra su familia  también aparecieron en varios sitios webs y llegaron vía correo electrónico.[14] El juez denunció judicialmente el acoso del que era objeto por parte de grupos militantes del kirchnerismo.[15]

El fiscal Carlos Stornelli también recibió acoso y muchas amenazas por investigar este caso.[16] Stornelli aseguró haber recibido un acoso constante a su familia por investigar y aseguró que nunca había tenido tantas presiones como las que vivieron su familia y él con la causa de los cuadernos.[17][18] En una oportunidad sus hijos recibieron amenazas telefónicas por una bomba. La Brigada Antiexplosivos acudió al lugar y detectó el artefacto que simulaba ser una bomba.[19][20] Stornelli aseguró que su familia tenía mucho miedo porque vivían amenazados y sufrieron persecuciones y que le hicieron "operaciones" para que desistiera de investigar.[21]

Aunque nunca pudo comprobarse que tuviera relación con la causa, varios de los testigos terminaron asesinados en circunstancias confusas. Fabián Gutiérrez,  ex secretario de Cristina Kirchner, quien había declarado ante el juez que los bolsos con dinero que se llevaban al sur eran de ambos exmandatarios estaban al tanto de todo el circuito de coimas,[68] apareció torturado y asesinado luego de haberse declarado “arrepentido” y haber declarado en contra de la exmandataria y haber confesado que era él quien llevaba los bolsos llenos de dinero a las residencias de los expresidentes en a El Calafate y Río Gallegos.[69][70][71][72] El fiscal Stornelli declaró que creía que ese crimen estuvo relacionado con la causa de los cuadernos.[73]

A partir de ese momento aumentó la cantidad de testigos protegidos. Oscar Centeno decidió entrar en el programa de testigo protegido y fue relocalizado en una casa segura con fuertes medidas de seguridad.[74] El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares confesó que en cinco oportunidades llevó a Daniel Muñoz con dos valijas gigantescas llenas de dinero desde el aeropuerto hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner, de los cuales Manzanares calculaba que por cada viaje Muñoz se quedaba con dos millones de dólares. [75] Manzanares después de recibir amenazas por su vida, también solicitó entrar en el Programa de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores del ministerio de Seguridad.[76] Algunos de los arrepentidos se retractaron y se arrepintieron de haberse arrepentido.

Operativo Puf

En mayo de 2019 se dio a conocer una serie de escuchas llamadas «Operativo Puf»,[77][78] exactamente nueve días antes de iniciarse la causa.[79] Las escuchas fueron obtenidas ilegalmente, en el penal de Ezeiza, en el marco de un expediente en el cual ninguno de los "escuchados" se encontraba siquiera imputado. En los audios conversaban Roberto Baratta, detenido desde 2017 por una causa de corrupción, su abogado Juan Pablo Alonso, y Eduardo Valdés, diputado del Parlasur, en una supuesta conspiración contra Stornelli con el objetivo de voltear la causa de los cuadernos.[77][80]

Esta supuesta organización criminal habría realizado -según los denunciantes anónimos- actividades conspirativas contra el fiscal desde la cárcel.[79][81] No obstante, en septiembre de 2020, la causa fue cerrada por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien determinó que no hubo complot alguno en las acusaciones contra D'Alessio y su banda, que la causa de los cuadernos no se había visto alterada, y por lo tanto el supuesto Operativo Puf no configuró ningún delito.[82]

Operativo Puf se llamó a esta supuesta "operación judicial" (según el fiscal Stornelli) realizada por un grupo de presos para poder destituir a dicho fiscal de la Nación, por llevar adelante la causa de los cuadernos. El programa televisivo Periodismo Para Todos reprodujo los audios de las escuchas telefónicas. En la grabación se pudo escuchar cómo armaron la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli.[83][84][85][86]

Dichas escuchas fueron grabadas en el penal de Ezeiza y el penal de Marcos Paz. Daniel Santoro contó que, por una orden del Juez de Lomas de Zamora, Federico Villena,[87] los teléfonos estaban intervenidos, judicialmente, en el marco de una causa por narcotráfico contra Mario Segovia.[88] En los audios conversaban Roberto Baratta, Juan Pablo Schiavi y Eduardo Valdés.[89] Baratta, ex taxista devenido funcionario millonario durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, está preso desde 2017 por una causa de corrupción en la compra de gas licuado,[90][91] y desviar $ 264 millones destinados a obras nunca realizadas en el yacimiento carbonífero de Río Turbio.[92] Schiavi está detenido por la tragedia de Once,[93] accidente ferroviario acaecido durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner en el que fallecieron 51 personas, y Valdés, diputado del Parlasur,[94] ex embajador argentino ante el Estado Vaticano por el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner,[95] está bajo investigación, en una causa judicial iniciada por Elisa Carrió, por una supuesta conspiración de una asociación ilícita contra Stornelli y la causa de los cuadernos de las coimas.[96]

El escándalo se desató por el hecho de que existiera una organización que tenía información sobre la denuncia que Pedro Etchebest iba a realizar en el Juzgado de Dolores, contra Stornelli,[97] exactamente nueve días antes de iniciarse la causa.[98]

En una parte de las escuchas, Valdés lo llama el Operativo Puf:[99]

  • Valdés: Operativo Puf.
  • -Schiavi: ¿Eh?.
  • -Valdés: Operativo Puf.
  • -Schiavi: ¿Uf, si?.
  • -Valdés: Bonadio, Stornelli, Puf.

El problema fue que estaban conversando sobre la causa por extorsión contra el fiscal, antes de que haya sido presentada en el Juzgado de Dolores.[100] El objetivo habría sido, supuestamente, lograr la destitución del fiscal del caso de los cuadernos.[101][102] Baratta planteaba que el Juzgado para presentar la denuncia tenía que ser el de Dolores, porque allí estaba el Juez aliado Padilla.[91] Stornelli se había negado a comparecer al Juzgado de Dolores y había sido declarado en rebeldía.[103][104] Días antes había habido una amenaza de bomba en la casa del hijo del fiscal, lo cual fue considerado un "mensaje mafioso".[105] El fiscal es quien lleva adelante la causa de los cuadernos por supuesto sobornos que varios empresarios argentinos confesaron haber pagado a funcionarios del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner, por la cual está procesada la exmandataria como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas.[106]

Roberto Baratta, desde la cárcel, llamó a distintos periodistas para difundir la presentación contra el fiscal.[107]

También hubo audios de Lázaro Baez, reconociendo que su dinero le pertenece a otra persona.[108] La abogada defensora de Lázaro Baez, Elizabeth Gazaro, negó que esas conversaciones y escuchas hayan existido y aseguró:

A Baez lo quieren presionar políticamente para que se arrepienta, para poder llegar a Cristina Kirchner.[109]

Carolina Stanley afirmó que quedaban «claros dos modelos distintos: uno que respeta las instituciones y es transparente y otro que pretende manipular a la Justicia y que fue corrupto».[101] Oscar Parrilli se burló del hecho.[110] Laura Alonso aseguró que la expresidente estaba al tanto de la Operación Puf y la avalaba.[111] Más tarde, el programa Periodismo Para Todos difundió los audios de Baez.

La explicación de Valdés, en una entrevista con El Destape Radio, fue:

El 18 de enero hablé con Schiavi y efectivamente hablé de Stornelli y dije ´puff´, pero yo cada vez que a Stornelli se le cae algo digo puff.[112]

El ex embajador y diputado intentó, sin éxito, que un juez prohibiera la emisión del programa.[113] Luego se difundió un video en el que habla sobre el "operativo Puf".[114]

A raíz de las escuchas, el fiscal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta y Eduardo Valdés,[115] a través de Roberto Ribas, su abogado, quien solicitó la declaración indagatoria de los participantes de las conversaciones.[116][117]

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien recibió la denuncia y fue denunciado por este hecho, para defenderse, solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, acceder a las escuchas telefónicas.[118][119]

Las defensas

Al ser citada a prestar declaración indagatoria, Cristina Fernández presentó al juez un escrito en el cual negó en forma rotunda tener relación con los supuestos sobornos y afirmó sobre la causa penal:[120]

“En un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política”.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido negó mediante un escrito presentado el 10 de agosto que integrara una "asociación ilícita" y pidió su sobreseimiento.[121]

Personas involucradas

Procesados en la causa de los cuadernos

Los procesados en la causa de los cuadernos son las personas respecto de las cuales se dictó su procesamiento respecto de la llamada causa de los cuadernos, que es como se conoce a la causa judicial caratulada Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita, CFP N.º 9608/2018, una derivación de una causa por irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado, a cargo del juez Claudio Bonadío. La resolución del juez Bonadío disponiendo los procesamientos fue parcialmente revocada y modificada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.[48][49][51][57][122]

Procesados en la Causa de los cuadernos
Imputación Nombre Carácter Detención Considerando[123]
Procesados por asociación ilícita
Asociación ilícita en calidad de jefa y cohecho pasivo -veintisiete hechos-, en calidad de coautora, todos ellos en concurso realCristina Fernández de KirchnerExpresidente y vicepresidente de la NaciónCondenada a prisión domiciliaria por Causa Vialidad[124]5
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -noventa y cuatro (94) hechos, en calidad de coautor, todos ellos en concurso realRoberto BarattaExsecretario de Coordinación y GestiónDetenido7
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, en concurso realErnesto ClarensFinancista, colaborador arrepentidoEn libertad14
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -siete (7) hechos-, en calidad de coautor, en concurso realJulio De VidoExministro de Planificación Federal, Inversión Pública y ServiciosEn libertad6
Asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho activo –quince (15) hechos-, en calidad de autor, en concurso realGerardo FerreyraUno de los dueños de Electroingeniería S.A.Detenido15
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, en concurso realJosé Francisco LópezColaborador arrepentido exsecretario de Obras Públicas de la NaciónCondenado a 13 años prisión[125]12
Asociación ilícita, en calidad de organizador y cohecho activo -siete (7) hechos-, en carácter de autor, todos ellos en concurso realCarlos WagnerExtitular de la Cámara de la ConstrucciónDetenido14
Asociación ilícita, en calidad de miembroOscar Bernardo CentenoColaborador arrepentido y chofer de BarattaEn libertad[126]13
Asociación ilícita, en calidad de miembro y cohecho pasivo -sesenta y cuatro (64) hechos-, en calidad de partícipe necesarioNelson Jaime LazarteExsecretario de Roberto Baratta8
Asociación ilícita, en calidad de miembro y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, en concurso realRafael Enrique LlorensExsecretario del Ministerio de Planificación3
Asociación ilícita, en calidad de miembroGerardo Ariel NivelloExsubsecretario de Obras Públicas16
Asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho pasivo -tres (3) hechos-, en calidad de partícipe necesario, todos ellos en concurso real.José María Olazagastiexsecretario privado de Julio De VidoDetenido10
Asociación ilícita, en calidad de miembroOscar Alfredo ThomasExdirector ejecutivo de YacyretáDetenido18
Asociación ilícita, en calidad de miembro y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en carácter de partícipe necesario, los que concurren en forma realClaudio UbertiImputado arrepentido y extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi).[127][128]11
Asociación ilícita en calidad de miembro, dación de dadivas -tres (3) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realRudy Fernando Ulloa IgorEmpresario de Cielo S.A.1
Procesados por cohecho y otros delitos
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 15 ocasiones en calidad de coautorOsvaldo Antenor AcostaEmpresario expresidente de Electroingeniería SA42
Encubrimiento agravadoDaniel ÁlvarezExsecretario de Cristina Kirchneren libertad[129]
Cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realJorge Juan Mauricio BalánColaborador arrepentido, titular de la firma Industrias Juan F. Secco41
Ricardo Barreirojardinero de Cristina KirchnerEn libertad[129]
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorLuis María Cayetano BetnazaEmpresario exdirectivo de la empresa Techint27
Cohecho activo -dieciséis (16) hechos-, en calidad de autor, lo que concurren en forma realÁngel Jorge Antonio CalcaterraEmpresario exdueño de la constructora Iecsa26
Juan Manuel Campillocolaborador arrepentido exministro de Hacienda de la provincia de Santa Cruz
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorJuan ChediackColaborador arrepentido extitular de la Cámara Argentina de la Construcción34
Tenencia de arma de guerraRaúl CopettiEn libertad[129]
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorJuan Carlos de GoycoecheaEmpresario exautoridad ejecutiva máxima de la constructora Isolux24
Cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario, los que concurren en forma realHernán Diego del RíoExchofer de José María Olazagasti32
Cohecho activo -cinco (5) hechos-, en calidad deautor, los que concurren en forma realHugo Alberto Dragonettiempresario de la construcción de la compañía Panedile39
Cohecho activo -cuatro (4) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realHugo Antranik EurnekianEmpresario directivo de Corporación AméricaSobreseído[130]40
Cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en carácter de partícipe necesario y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, en calidad de autor, todos ellos en concurso realWalter Rodolfo FagyasExpresidente de Enarsa21
Cohecho pasivo -dos (2) hechos-, en carácter de partícipe necesario, los que concurren en forma realFabián Ezequiel García RamónExdirector de Energías Renovables20
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorClaudio Javier GlazmanEmpresario exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones23
Cohecho pasivo -tres (3) hechos, en carácter de partícipe necesario, los que concurren en forma realHernán Camilo GómezExasesor del Ministerio de Planificación19
Encubrimiento agravadoFabián GutiérrezExsecretario de Cristina KirchnerEn libertad[129]
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorAlejandro Pedro IvanissevichEmpresario de EmgasudSobreseído[130]35
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorJuan Carlos LascurainExpresidente de la Unión Industrial Argentina durante el kirchnerismo30
Cohecho activo -diez (10) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realArmando Roberto LosonEmpresario exdirectivo máximo de Albanese S.A.En libertad28
Cohecho activo -trece (13) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realEnrique Menotti PescarmonaEmpresario de Pescarmona S.A.41
Cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realCarlos José MundínEmpresario presidente de BTU22
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 15 ocasionesJorge Guillermo NeiraEmpresario exdirectivo de Electroingeniería S.A.42
Cohecho activo -un (1) hecho- y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil -dos (2) hechos-, ambos en calidad de autor, todos ellos en concurso realNéstor Emilio OteroEmpresario, gerenciador de la terminal de ómnibus de Retiro29
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 2 ocasionesRodolfo PobleteEmpresario exdirectivo del Grupo Romero42
Cohecho activo -tres (3) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realAldo Benito RoggioDirectivo de Roggio SA33
Cohecho activo -dos (2) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realBenjamín Gabriel RomeroEmpresario directivo del Grupo Romero37
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 16 ocasionesHéctor Javier Sánchez CaballeroColaborador arrepentido directivo máximo de IECSA42
Robrto SosaExsecretario de Cristina KirchnerEn libertad[129]
Cohecho activo -seis (6) hechos-, en calidad de autorAlberto TasselliEmpresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte31
Cohecho activo -tres (3) hechos-, en calidad de autor, los que concurren en forma realEmanuel Santos UribelareaColaborador arrepentidoSobreseído[130]36
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, reiterado en 13 ocasionesFrancisco Rubén ValentiEmpresario exvicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa)42
Cohecho activo -un (1) hecho-, en calidad de autorRaúl Víctor VertuaDirectivo de Servicios Vertua SA vinculado al gasoducto "Juana Azurduy"25
Partícipe necesario en orden al delito de cohecho activo, en 1 ocasiónHéctor Alberto ZabaletaEmpresario exdirectivo de la empresa Techint42

de Ricardo Barreiro, Raúl Copetti, y los exsecretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. la falta de mérito respecto de su participación en la asociación ilícita, algo que también alcanzó a Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner quien fue liberado tras convertirse en imputado colaborador. P Gutiérrez y Álvarez sí quedaron procesados por encubrimiento agravado, en tanto que a Copetti lo procesaron por tenencia de armas de guerra.

Empresarios involucrados

En septiembre de 2019, el juez Bonadio dio por comprobados los dichos de 31 empresarios arrepentido sobre el pago de supuestos s obornos de empresarios a funcionarios kirchneristas.[23]

Empresarios aceptados como imputados colaboradores. Algunos de los empresarios procesados son:

  • Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri que fue dueño de la constructora Iecsa, se presentó espontáneamente, quedó imputado, declaró que hizo pagos destinados a campañas electorales del kirchnerismo, fue aceptado como imputado colaborador y se le eximió de prisión.[127]
  • Juan Carlos De Goycoechea, que fue la autoridad ejecutiva máxima de la constructora Isolux, no lo habían encontrado para detenerlo pero luego se presentó y fue detenido, pero recobró la libertad cuando fue el primer empresario que admitió pagos para campañas electorales del kirchnerismo.[131]
  • Claudio Javier Glazman, que fue director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones, llegó detenido a declarar, confesó pagos para las campañas electorales y quedó en libertad.[131]
  • Armando Loson, que condujo durante cuatro décadas la generadora empresa Albanesi vinculada a la generación de electricidad. Después de estar una semana detenido, confesó pagos para las campañas electorales y se le concedió la libertad.[127]
  • Jorge Guillermo Neira, directivo de Electroingeniería (una de las empresas más cercanas al poder kirchnerista y relacionada con Julio De Vido), uno de los más importantes contratistas de la obra pública nacional, llegó detenido, dijo lo mismo que los anteriores y quedó libre.[131]
  • Javier Sánchez Caballero, que fue el principal colaborador de Ángelo Calcaterra en Iecsa, también llegó detenido, confesó y quedó libre.[127]
  • Carlos Wagner, que presidió la Cámara Argentina de la Construcción, obtuvo su libertad después de haber estado detenido y confesar los pagos.[131] Wagner declaró que tras una negociación con De Vido realizada tiempo después del inicio del gobierno de Néstor Kirchner un grupo de empresas contratistas del Estado que cartelizaba la obra pública aceptó entregar como sobornos los adelantos de obra que pagaba el Estado nacional, que ascendía del 10 % al 20 % del total de la obra o, en otros casos, entregar una parte de lo que iban recibiendo como certificados de obra. Wagner afirmó que Baratta y José López eran quienes ejecutaban lo convenido. Wagner también explicó que en el Wagner explicó que en el grupo de empresas cuyos nombres individualizó se decidía cuáles harían ofertas, qué precio pondrían y cuál se adjudicaría la obra y pagaría el soborno.[132]
  • Héctor Alberto Zabaleta, que fuera directivo de la empresa Techint por más de 40 años, obtuvo su libertad después de haber estado detenido y declarar que la empresa había hecho pagos que no eran coincidentes con un período electoral, de modo que afirmó que era por un “compromiso con el Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas a Siderar y Siderca”.[127][131]
  • Luis Betnaza, director de Techint reconoció haber pagado sobornos cuyo monto calculó en un millón de dólares a tres funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no fue detenido.[133]
  • Aldo Roggio, dueño de una de las grandes empresas contratistas del país, que lleva su nombre está citado para declarar.
  • Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, de Corporación América, aportante de campañas electorales del kirchnerismo, se presentó en forma espontánea y reconoció pagos a Roberto Baratta en dos oportunidades.
  • Raymundo Pedutto fue sobreseído cuando Bonadío estableció que no se podían determinar responsabilidades primarias.[134]
  • Rudy Ulloa, ex-chofer del presidente Néstor Kirchner, de Cielo SA[127]
  • Juan Carlos Lascurain, que fue presidente de la Unión Industrial Argentina, estando en libertad declaró negando haber pagado sobornos y horas después fue detenido-
  • Raúl Vertúa.
  • Gerardo Ferreyra, que fue uno de los dueños de Electroingeniería. Detenido desde el primer día, al contrario de su socio negó haber pagado sobornos y continuó preso.
  • Carlos Mundín, de la empresa BTU.
  • Rodolfo Poblete, extitular del Grupo Romero.
  • Francisco Valenti, que fue vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa).
  • Benjamín Gabriel Romero, quien confesó haber pagado coimas por la Hidrovía y ofreció $510 millones por evitar el juicio.[135]

Funcionarios y empleados públicos imputados

Los funcionarios, empleados públicos y jueces que fueron imputados son:[136]

  • Oscar Centeno, chofer del ministerio de Planificación, declaró en dos oportunidades reconociendo haber escrito los cuadernos cuyas fotocopias dieron origen a la causa, fue aceptado como colaborador arrepentido y quedó en libertad con el régimen de testigo protegido. Inicialmente dijo que había comenzado a escribir los cuadernos registrando su trabajo pero luego empezó a incluir más detalles. Su expareja, Horovitz, afirma que con las anotaciones se precavía de que Baratta al terminar su gestión le consiguiera trabajo.[127]
  • Fabián García Ramón, exdirector de Promoción de Energías Renovables.
  • Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación.
  • Juan Manuel Abal Medina, exjefe de gabinete de Cristina Fernández, confirmó que el excoordinador del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta recolectaba aportes de empresarios privados para la campaña legislativa de 2013, y aclaró que siempre había entendido que "eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción";[137] Respecto de estos dichos Aníbal Fernández que fue jefe de Gabinete de Ministros entre 2009 y 2011 y en 2015 analizó que “si Abal Medina reconoce haber recibido dinero en negro para la campaña, inexorablemente se confiesa autor del delito de lavado de dinero”.[138]
  • Walter Fagyas, expresidente de Energía Argentina SA, detenido sin declarar.
  • José María Olazagasti, exsecretario privado de Julio De Vido
  • Julio De Vido, exministro de Planificación.
  • Roberto Baratta, exsecretario del Ministerio de Planificación.
  • Claudio Uberti, que fue titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi),[127] pidió le concedieran el beneficio de imputado arrepentido.[128]
  • Germán Nivello, exsubsecretario de Obras Públicas
  • Nelson Lazarte, exsecretario de Roberto Baratta
  • Ezequiel García, exdirector de Energías renovables.
  • Enrique Llorens, exsecretario del Ministerio de Planificación
  • Hernán Gómez, asesor del Ministerio de Planificación
  • Martín Larraburu, que se desempeñó en la Jefatura de Gabinete.

Funcionarios procesados inicialmente que continúan siendo investigados en otro expediente

Respecto de algunos funcionarios que fueron procesados por el juez Bonadío, la Cámara Federal dispuso revocar el procesamiento, por falta de mérito, pero resolvió remitir copia para que se investiguen en otra causa posibles delitos de acción pública::

  • Javier Fernández, de la Auditoría General de la Nación.
  • Norberto Oyarbide, exjuez federal. Afirmó al declarar, que Jaime Stiuso y Javier Fernández lo habían apremiado para que terminara la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner que tenía a su cargo y en la que dictó el sobreseimiento.[139][140]

Funcionarios con falta de mérito

Respecto de algunos funcionarios que fueron procesados por el juez Bonadío, la Cámara Federal dispuso revocar el procesamiento, por falta de mérito:

Procesados en primera instancia con apelaciones pendientes

El empresario Paolo Rocca, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán y Rubén Aranda fueron procesados en primera instancia y están pendientes sus apelaciones de su resolución por la Cámara Federal.[144]

Procesados que no eran funcionarios

Carolina Pochetti, política del PJ-Frente Para la Victoria de Santa Cruz y esposa del secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, quedó procesada porque, a raíz del fallecimiento de su esposo, fue la única heredera y la Justicia cree que repartió esa fortuna de millones de dólares malhabidos entre testaferros y familiares.[145] El hijo de Muñoz, Franco fue embargado por 11 millones de dólares.[38] También fue detenida la socia de Pochetti, Elizabeth Ortiz Municoy. Muñoz era a quien Baratta le llevaba los bolsos con dinero, y se los entregaba en el departamento de la Recoleta y en la residencia presidencial de Olivos y el encargado de trasladarlos al aeropuerto para que viajaran a la residencia de los exmandatarios en Santa Cruz.[37] Muñoz poseía en Argentina propiedades por valor de más de 100 millones de dólares y en MIami, Nueva York y el Caribe por más de 79 millones de dólares.[38]

Trámites procesales

En junio de 2019 el fiscal Stornelli, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera pidieron que se elevara a juicio una parte de la causa en los que incluyeron a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros procesados.[146][147] El caso pasó a fines del año 2019, a la etapa de juicio oral, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 7, a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, sin que se haya fijado fecha de celebración del debate. El 12 de junio de 2024 la fiscal del caso, Fabiana León, denunció al Tribunal por "retardo de justicia", por la demora en fijar la fecha de inicio del juicio.[148] Esto motivó que la Cámara Federal de Casación, con la firma de los doctores Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hiciera lugar a la queja de la fiscal e intimara al tribunal a que "tome las medidas que resulten necesarias a los efectos de fijar audiencia de debate a la brevedad”.[149] El 16 de agosto de 2024 el tribunal dispuso una instrucción suplementaria y una pericia sobre los manuscritos de Oscar Centeno, sin fijar la fecha de juicio.[150] En 2025, aparecieron los cuadernos originales y varios de los imputados ofrecieron dinero y bienes materiales para evitar el juicio,[25][26] y el tribunal incorporó como prueba el peritaje del análisis pericial se llevó a cabo sobre los cuadernos originales, que confirmaba que Centeno efectivamente era el autor de esos manuscritos.[27][28][29] Tanto los cuadernos manuscritos originales como las copias digitalizadas permanecen guardados en la caja fuerte del tribunal.[30][31]

Juicio

El juicio es público y se transmite en vivo a través de la plataforma de Youtube.[34][35]

Durante el juicio, Claudio Uberti confesó que veía los bolsos con dinero en casa del matrimonio Kirchner en Recoleta, Buenos Aires, y que Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner, le había contado que los bolsos viajaban a la casa del matrimonio Kirchner en Río Gallegos.[36] Muñoz era a quien Baratta le llevaba los bolsos con dinero, y se los entregaba en el departamento de la Recoleta y en la residencia presidencial de Olivos y el encargado de trasladarlos al aeropuerto para que viajaran a la residencia de los exmandatarios en Santa Cruz.[37] Muñoz poseía en Argentina propiedades por valor de más de 100 millones de dólares y en MIami, Nueva York y el Caribe por más de 79 millones de dólares.[38] Ernesto Clarens confesó haber sido el intermediario al llevar el dinero de los empresarios a Muñoz. según le indicaba López. El dinero era transportado en aviones oficiales que iban al aeropuerto de Río Gallegos o a El Calafate.[39] El contador de los Kirchner, Manzanares, contó que Daniel Muñoz viajaba cada viernes a Río Gallegos con valijas cargadas de dinero proveniente del cobro de sobornos y le dejaba a él una parte para blanquearlo a través de sociedades fantasmas y compra de propiedades.[40]

Vinculación a la campaña de Cambiemos

La Fundación La Alameda realizó un entrecruzamiento de los directivos de las empresas citadas por la justicia que marcó que más de 4500 nombres de los vinculados en la causa, también eran aportantes de Cambiemos. La causa por los aportantes truchos se refiere al financiamiento de la campaña de Cambiemos en 2015 y 2017, e involucra supuestos pedidos del propio Mauricio Macri a los empresarios del uno por ciento de su patrimonio para la campaña, en negro, bajo promesas de obtener beneficios a la larga con su gobierno; utilización de bases de datos de ANSES para hacer figurar como aportantes a beneficiarios de planes sociales, personas de bajos ingresos; aportes camuflados de empresas que fueron beneficiadas con contratos estatales en la ciudad de Buenos Aires; 1147 funcionarios de segunda línea del gobierno porteño que figuraban como aportantes, algunos de ellos que han declarado que no habían realizado aportes algunos; entre otros ilícitos.[151]

Oferta de reparación integral

En 2025 unos 36 acusados en la megacausa intentaron evitar el proceso y ser sobreseídos por la justicia mediante el pago de sumas de dinero. La defensa de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, accionista de ODS y IECSA, ,ofreció más de $2400 millones para cerrar la causa en su contra. Benito Roggio propuso otros $1800 millones para su sobreseimiento. La oferta se basó en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal argentino, que establece que una causa se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes"[152]

Las propuestas de los acusados abarcaron montos en efectivo y bienes inmuebles y muebles, con cifras que, según estimaciones, totalizarían entre 12 y 21 millones de dólares. Algunos empresarios ofrecieron departamentos, barcos o yates para evitar sentarse en el banquillo de un juicio público que se prevé extenso. El financista Ernesto Clarens ofreció1 ,5 millones; Aldo Roggio, unos 1,26 millones Cristóbal López y Fabián de Sousa, ofrecieron 683 mil dólares; Gabriel Pedro Losi 557 mil; Juan Manuel Collazo por su parte ofreció 603 mil; Héctor Javier Caballero, con 460 mil; y Mario Rovella, con 494 mil. Entre los exfuncionarios que ofrecieron reparaciones estaban el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina quien presentó una propuesta cercana a los 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, ofreció casi un millón y Walter Fagyas ofreció unos 138.531 dólares.[153][154]

La fiscalía consideró que aceptar la reparación ofrecida significaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”, dijo la fiscal León. “Sería mandar un mensaje de impunidad, que quienes detentan poder económico puedan pagar para extinguir responsabilidad penal”, coincidió el titular de la Dirección de litigios de la Unidad de Información Financiera, Mariano Galpern.[155]

El Tribunal Oral Federal N.º7 rechazó el 6 de octubre de 2025 los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal.[156]

El tribunal aceptó como prueba las confesiones de empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista, entre ellos 25 "arrepentidos" quienes aceptaron ante la Justicia haber pagado y cobrado coimas.[32]

Peritaje de los cuadernos

En agosto de 2025 se conocieron los resultados de un peritaje realizado por Gendarmería y la Policía Federal, por primera vez directamente sobre los cuadernos. En él se constató que la escritura correspondía al chofer Oscar Centeno.[157] En los mismos se constataban más de 1.500 correcciones, tachaduras o adulteraciones que no correspondían a Centeno. Así mismo se comprobó un cambio en la forma de escritura, que pasó de anotaciones casuales al "estilo de un verdadero diario" (cuadernos 1-6) a un estilo escrito de corrido, similar a un dictado y con un tipo de escritura y vocabulario que "no se corresponde al lenguaje de Centeno", y que son los que contienen los comentarios acerca de movimientos de dinero (cuadernos 7 y 8).[158]

Véase también

Referencias

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